Da Rocha, el flamante procurador del Tesoro, presentará un recurso extraordinario ante el máximo tribunal contra la medida cautelar dictada por el juzgado de Sarmiento. La Justicia prohibió utilizar los fondos del BCRA para pagar a los bonistas hasta que el DNU que lo permite sea debatido en el Congreso
El Gobierno presentará un recurso ante la Corte Suprema para reactivar el Fondo del Bicentenario, en el que le pedirá al máximo tribunal que revoque el fallo que inmivilizó las reservas del Banco Central para pagar deuda.
El procurador Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado, hará esta mañana el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el mismo tribunal que confirmó la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento que suspendió los efectos del decreto 2010/09, según informó el diario La Nación. Con ese decreto se creó el Fondo del Bicentenario, destinado a pagar con reservas parte de la deuda pública.
Según el matutino, fuentes de la Procuración, adelantaron que pedirán que les concedan el recurso con efectos suspensivos. Esto quiere decir que van a solicitar que cuando la Cámara les habilite el camino a la Corte -si es que lo hace- suspenda la ejecución del fallo.
Tendrá doble chance. Aunque hasta ahora se tramitaron en paralelo, como si fueran uno, los casos son dos. Uno se inició con una denuncia de Pro; el otro, con una presentación de la UCR. Como se tramitaron durante la feria judicial, los resolvieron la misma jueza y los mismos camaristas, pero ahora los dos recursos que presentará el Gobierno serán tratados por dos salas diferentes del tribunal, informaron en la Procuración.
De todos modos, como el primer pago de la deuda es dentro de seis meses, todo indica que el asunto será tratado y resuelto por el Congreso antes de que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de esos fondos.
Para llegar a la Corte, Da Rocha deberá atravesar un obstáculo. En principio, el máximo tribunal sólo revisa sentencias definitivas y las medidas cautelares no lo son. Su estrategia será entonces plantear que es un caso de "gravedad institucional", que están comprometidas instituciones básicas de la República y que, por eso, se justifica obviar los requisitos formales de procedencia del recurso, relataron en la Procuración.
El martes pasado, una alta fuente de la Corte dijo, en referencia a este caso, que "normalmente" el máximo tribunal no acepta analizar medidas cautelares. Dejó abierta así la posibilidad de una excepción.
Da Rocha sostendrá además que el fallo de Cámara es arbitrario y que desconoce una atribución que la Constitución le da en forma expresa al Ejecutivo: la de dictar decretos de necesidad y urgencia. Afirmará que se cumplieron los requisitos para que la Presidenta tome la decisión que tomó por la vía que lo hizo.
Una vez presentado el recurso extraordinario, la Cámara le dará 10 días hábiles a la oposición para que opine y sólo después estará en condiciones de resolver si le allana el camino al Gobierno (si no lo hace, existe una última posibilidad: ir en queja a la Corte). Todo indica que para ese entonces, el Congreso, que tiene mandato constitucional para revisar el decreto, habrá retomado su actividad y se habrá pronunciado o estará a días de hacerlo.
El procurador Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados del Estado, hará esta mañana el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el mismo tribunal que confirmó la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento que suspendió los efectos del decreto 2010/09, según informó el diario La Nación. Con ese decreto se creó el Fondo del Bicentenario, destinado a pagar con reservas parte de la deuda pública.
Según el matutino, fuentes de la Procuración, adelantaron que pedirán que les concedan el recurso con efectos suspensivos. Esto quiere decir que van a solicitar que cuando la Cámara les habilite el camino a la Corte -si es que lo hace- suspenda la ejecución del fallo.
Tendrá doble chance. Aunque hasta ahora se tramitaron en paralelo, como si fueran uno, los casos son dos. Uno se inició con una denuncia de Pro; el otro, con una presentación de la UCR. Como se tramitaron durante la feria judicial, los resolvieron la misma jueza y los mismos camaristas, pero ahora los dos recursos que presentará el Gobierno serán tratados por dos salas diferentes del tribunal, informaron en la Procuración.
De todos modos, como el primer pago de la deuda es dentro de seis meses, todo indica que el asunto será tratado y resuelto por el Congreso antes de que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de esos fondos.
Para llegar a la Corte, Da Rocha deberá atravesar un obstáculo. En principio, el máximo tribunal sólo revisa sentencias definitivas y las medidas cautelares no lo son. Su estrategia será entonces plantear que es un caso de "gravedad institucional", que están comprometidas instituciones básicas de la República y que, por eso, se justifica obviar los requisitos formales de procedencia del recurso, relataron en la Procuración.
El martes pasado, una alta fuente de la Corte dijo, en referencia a este caso, que "normalmente" el máximo tribunal no acepta analizar medidas cautelares. Dejó abierta así la posibilidad de una excepción.
Da Rocha sostendrá además que el fallo de Cámara es arbitrario y que desconoce una atribución que la Constitución le da en forma expresa al Ejecutivo: la de dictar decretos de necesidad y urgencia. Afirmará que se cumplieron los requisitos para que la Presidenta tome la decisión que tomó por la vía que lo hizo.
Una vez presentado el recurso extraordinario, la Cámara le dará 10 días hábiles a la oposición para que opine y sólo después estará en condiciones de resolver si le allana el camino al Gobierno (si no lo hace, existe una última posibilidad: ir en queja a la Corte). Todo indica que para ese entonces, el Congreso, que tiene mandato constitucional para revisar el decreto, habrá retomado su actividad y se habrá pronunciado o estará a días de hacerlo.
