Por Alexis Di Capo
La segunda batalla por las retenciones está a punto de empezar y en este caso tiene fecha fija, el 24 de agosto, cuando se producirá el vencimiento de la prórroga de la vigencia de más de mil leyes surgidas en el marco de la delegación legislativa. La posibilidad de que el frente opositor haga caer la actual normativa sobre retenciones agropecuarias es el punto central. El artículo 76 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, le abre la puerta al gobierno para organizar su defensa jurídica, al sostener que “el transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de la delegación legislativa”. De producirse lo previsible, que la delegación no sea prorrogada, el kirchnerismo sostendrá que las retenciones seguirán vigentes hasta tanto el Congreso sancione una nueva legislación. Obviamente, sobrevendría la judicialización del problema porque, en verdad, el mismo artículo 76 habla de la “caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior”.
O sea que la Constitución prevé que las normas no prorrogadas lisa y llanamente caduquen. Sin embargo, a favor del gobierno estaría la magnitud del caos que se produciría si se aplica estrictamente el artículo 76 a más de mil normas. Los sondeos de los operadores judiciales K realizados en los últimos días tranquilizaron al matrimonio presidencial. Es altamente improbable que la justicia quiera cargar con la responsabilidad de una debacle económica sosteniendo que las retenciones ya no son aplicables. La seguridad jurídica sería uno de los argumentos a favor de que las retenciones deben seguir vigentes hasta que el Congreso sancione una nueva ley. En la Corte Suprema, las consultas informales darían hoy el mismo resultado. Hay señales de que, aunque muy forzadamente, se impondría la interpretación de que las normas que deberían caducar deben continuar vigentes hasta que se dicten otras que las sustituyan.
Arma de doble filo
Y en este punto es donde la cuestión puede volverse como un boomerang contra la oposición. Hasta ahora ninguno de los avances opositores, como la media sanción de la modificación del Consejo de la Magistratura y la supresión de las facultades del Jefe de Gabinete para reasignar partidas, llegaron a convertirse en ley. Es más, desde que se iniciaron las sesiones ordinarias el 1 de marzo pasado, no se sancionó ninguna ley a la que el gobierno se opusiera. Con este panorama, si el Senado sigue funcionado como mecanismo de bloqueo de la mayoría opositora, las retenciones continuarían aplicándose y la derrota golpearía a la oposición. El inminente envío por el Ejecutivo de un proyecto de ley para modificar el régimen de retenciones tendría por objeto tratar de fisurar los acuerdos entre la UCR, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica.
